Licenciados en psicología
Seguro de mala praxis para licenciados en psicología
Al contratar estas pólizas de seguro contra la mala praxis se cuenta con una excelente y especializada asesoría legal
Como responsable de la salud mental de sus pacientes, el licenciado en psicología usa los conocimientos de su especialidad para ayudar a las personas a sobrellevar su contexto social y emocional que le rodean.
Para lograr este objetivo los psicólogos se valen de diversas herramientas con la que analizan y comprenden los diversos procesos psíquicos de sus pacientes logrando que en poco tiempo estas personas comiencen a observar mejoría.
No obstante, por encontrarse en constante contacto con personas que poseen carencias que quizás no puedan resolverse a corto plazos los pacientes pueden desde la vulnerabilidad de su condición pensar que el psicólogo no está realizando el trabajo que necesitan y optan por acusar a este profesional de mala praxis.
Es por este motivo que las compañías aseguradoras han diseñado diversas posibilidades para que los psicólogos puedan cotizar y contratar una póliza contra la mala praxis que se ajuste a sus necesidades, para que tengan a su disposición las herramientas que usaran para no únicamente responder desde un punto de vista financiero sino proteger su buen nombre profesional.
Estas pólizas de seguro contra las demandas de mala praxis se enfocan en dos pilares: primeramente, ofrecer la mejor defensa jurídica al psicólogo dentro de cualquier clase de juzgado y finalmente en caso de ser necesario cancelar aquellas indemnizaciones que se ameriten.
Para lograr este primer objetivo al contratar estas pólizas de seguro contra la mala praxis se cuenta con una excelente y especializada asesoría legal, que servirá de mediación en cualquier negociación con los demandantes, o si la demanda evoluciona a esos puntos, defender al acusado en una corte disciplinaria o un tribunal sea civil o penal.
En última instancia además existen diversas opciones para cotizar fondos de distinta cobertura, que servirán como recurso para cancelar los acuerdos de pago que sean dictaminados por la corte o por una negociación fuera de la corte.